
Comento esto porque el alcalde de Valladolid ha sugerido que a nuestra ciudad le falta un Palacio de Congresos y/o un Palacio de Justicia y que "cualquiera de los dos proyectos podría ser ese edificio que todavía falta en Valladolid, si se le añade un diseño encargado a un arquitecto de renombre internacional". Lo quiere plantar en los terrenos liberados por el soterramiento, con lo cual estamos hablando de un proyecto que, como pronto, podría empezar a desarrollarse en la próxima legislatura. Pareciera, por tanto, que don Javier o bien se ve en el cargo dentro de 6 o 7 años, o bien quiere dejar marcada impronta; al fin y al cabo, llevamos ya años con el proyecto de ordenación de esa superficie encargado al urbanista Rogers. Otro de relumbrón. Proyecto que, como he comentado, se ha tenido que ir supeditando a las diferentes exigencias del mercado.
Exigencias que tiene muy en cuenta la aspirante socialista, Soraya Rodríguez. Resulta que la operación, que cuesta un pico, hay que financiarla. El PP siempre propuso financiarla con las plusvalías que generara la vivienda libre a construir en los terrenos públicos "liberados"; a un precio majo supondría una jugosa aportación a las arcas municipales. Aportación que ve peligrar Soraya y por ello afea al regidor que haya estado por ahí desarrollando Áreas Homogéneas en las afueras "prescindiendo de que van a quedar libres 100 hectáreas en el centro con las que habrá que financiar la obra". Y además, como no le saca los cuartos a la Junta ni al Ministerio, pues parece que "la operación recaerá sobre las espaldas de los vallisoletanos".
No haré sangre con que la portavoz socialista prefiera ahora pisos a edificios emblemáticos, pese a sus empeños en campaña por lo contrario. Más grave me parece que asuma sin matices no solo las fórmulas del PP (financiar la operación especulando con el suelo público) sino además su discurso: el alcalde lleva tiempo repitiendo que nos va a salir gratis y Soraya parece que se lo ha creído. Y tiene miedo de que ahora no vaya a ser así, quizás porque está confiada en su triunfo en 2011 y heredará el pastel. ¿Cómo se puede afirmar que la entrega de suelo público a promotores privados no supone ningún coste para los ciudadanos? ¿Cómo se puede instar al alcalde a que se dé prisa en especular para sacar dinero rápido pero perder patrimonio público?
Parece que la crisis inmobiliaria preocupa, y mucho, a quienes han sucumbido a la tentación del dinero fácil a costa del derecho al acceso a una vivienda digna y de ordenar las ciudades en función de las necesidades sociales. Los que mandan, como siempre, son estos.
Comentarios
otro pucela es posible!