El precio del rescate

Una noche de Julio de 1997, me disponía a coger junto a mis amigos un autobús que nos llevara desde el albergue en el que nos alojábamos, junto a la cárcel de Martutene, a un restaurante que no recuerdo, cerca de la playa de Ondarreta. Se celebraba una cena en el marco de un campeonato de fútbol llamado Easo Cup, al que nos habíamos apuntado ese verano; habíamos estado a punto de dar la sorpresa y arañarle un empate nada menos que al Antiguoko, cantera realista de donde han salido, entre otros, Xabi Alonso, Mikel Arteta, Iraola o Javier de Pedro. Recuerdo que entonces jugó contra nosotros Aritz Aduriz, que nos hizo el único gol, pero por las fechas puede que alguno de los anteriores también estuviera.

El autobús que esperábamos venía de Hernani y Astigarraga, pero transcurrían los minutos y no pasaba. Al final desistimos y tomamos taxis, y fue entonces cuando nos enteramos de lo que pasaba; en plena efervescencia futbolera no nos habíamos enterado de que ETA había secuestrado a un joven concejal de Ermua y había dado un plazo y unas condiciones para no acabar con su vida. El ambiente en San Sebastián y alrededores (como supongo que en casi toda Euskadi y, de otra manera, en muchos otros lugares) estaba muy crispado: por la radio y el taxista nos enteramos de que había manifestaciones confrontadas en el centro y que el transporte público había dejado de circular por seguridad.

El final de la historia lo conoce todo el mundo. Simplemente he querido recordarla porque la viví de una manera especial.

Hoy, otro secuestro que afectaba a gente de aquellas tierras ha acabado mejor y no puedo sino alegrarme. Pero ya sabéis que no puedo evitar sacarle punta a todo, incluso aunque sea removiendo cuestiones un tanto peliagudas, y al ponerse uno a pensar, no acaba de entender el porqué de tan distintos finales. Hay muy distintas circunstancias, pero fundamentalmente la diferencia radica en una: las peticiones de los secuestradores.

No me parece un argumento desdeñable el que dice que el Estado no debe dejarse chantajear y que, por tanto, no puede ceder a reivindicaciones bajo presión. ETA, entonces, pedía un acercamiento de presos en un plazo de 48 horas. Más allá de lo que opinemos sobre la política de dispersión, puede tener sentido el argumento de que ceder entonces suponía trasladar el mensaje de que cualquiera podía conseguir lograr sus objetivos mediante la violencia. Pero ¿acaso no hemos hecho entender eso mismo a los secuestradores del Alakrana y otros que hayan seguido los acontecimientos? Sus objetivos son bien diferentes, de acuerdo, se trata de dinero. ¿Es eso lo determinante? ¿En dinero se puede ceder, pero en política penitenciaria no?

Según el discurso dominante en materia antiterrorista, así es: incluso durante la última negociación con ETA se insistía en aquello de "no puede haber ninguna concesión política". Ahora bien, la política penitenciaria se convierte, según la situación, en parte de la Política intocable o bien en politiquilla de la que sirve para hacer un intercambio de cromos con ETA. Apenas dos años más tarde del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el gobierno de Aznar acercaba nada menos que 105 presos a cárceles vascas o cercanas: llevábamos casi un año de tregua y entonces sí se podía hablar del asunto. Cito este reagrupamiento por haber encontrado una fuente suficientemente afín a aquel Gobierno que lo destaca, pero con ocasión de la presión que el PP realizó sobre el Gobierno socialista durante la última tregua mucha gente se dedicó a recopilar datos de otros movimientos similares. A pesar de que no tengo la fuente original, sí recuerdo algunas de las cosas que se señalan en documentos como este, como los acercamientos de presos para intentar liberar a otro secuestrado: Ortega Lara. El último menos de un mes antes del secuestro de Blanco.

¿Qué ocurriría si dentro de unas semanas secuestraran a un par de marineros más y el Gobierno se negara a que se realizara el pago? ¿Por qué el precio de unas muertes es asumible en determinados momentos y en otros no?